En un reciente anuncio que sorprendió a muchos, el Presidente de España sostuvo que todos los implicados en el ‘procés’, proceso de independencia catalán, quedarán amnistiados. Esta declaración se da en el marco de una serie de tensiones políticas que se viven en nuestro país.
Según los primeros reportes, dicha amnistía beneficiará a alrededor de una docena de políticos considerados como los arquitectos de la fallida secesión de Cataluña en 2017, quienes actualmente son objeto de sentencias de encarcelamiento y multas por rebelión y malversación de fondos públicos.
El anuncio del Presidente, esperado y celebrado por quienes defienden la causa independentista, ha generado polémica y malestar en diferentes sectores de la sociedad española. Muchos ven en esta decisión un intento de apaciguamiento tras los disturbios y protestas que han sacudido Cataluña en los últimos años.
En el momento de su juicio, los líderes independentistas fueron condenados a penas de entre nueve y trece años de prisión. Además, el Tribunal Supremo les impuso multas de varios millones de euros, todo lo cual podría quedar ahora sin efecto tras la decisión presidencial.
Las reacciones a este anuncio no se han hecho esperar. El Partido Popular, principal fuerza de la oposición, ha tildado la medida de «irresponsable y desleal». Argumentan que esta sentencia implica una claudicación del estado de derecho ante las demandas de los movimientos separatistas y socava los fundamentos de la democracia española que son respeto a la ley y la convivencia pacífica.
Es importante mencionar que una amnistía, por definición, implica una renuncia pública y formal del Estado a sancionar a quienes han cometido un delito. A diferencia del indulto, que puede ser parcial, la amnistía es total y se entiende como el «borrado» del delito del historial del individuo.
No obstante, el marco legal español establece que la amnistía debe ser aprobada por el Congreso de los Diputados, y carece de retroactividad, lo cual significa que no afecta los antecedentes penales. De ser aprobada esta medida, los implicados en el ‘procés’ verían sus delitos anulados, sus multas canceladas y perderían la condición de inhabilitados para ejercer un cargo público.
Mientras que los defensores de la medida argumentan que es un paso necesario para fomentar la conciliación y el diálogo entre las diferentes regiones de España, los críticos ven en esta acción un peligroso precedente que podría abrir la puerta a futuros intentos de secesión.
La decisión final, ahora recae en el Congreso de los Diputados quienes tendrán la última palabra respecto a una medida que, de ser aprobada, cambiaría radicalmente las condiciones legales de los implicados en el ‘procés’ catalán.
